Pronunciamiento público a los católicos y a la sociedad hondureña

Este pronunciamiento expresa una posición cívica y moral desde la perspectiva católica; no constituye un dictamen legal, ni una acusación general contra todos los partidos de izquierda ni contra todas las organizaciones feministas.

Advertencia sobre los riesgos del autoritarismo ideológico y el llamado a defender la fe, la vida, la familia y la libertad religiosa.

Dirigido a: la Conferencia Episcopal de Honduras, los sacerdotes, los fieles católicos, las familias hondureñas, los diputados del Congreso Nacional y la ciudadanía en general.

Fecha: 25 de octubre de 2026.

Preámbulo: una llamada a la conciencia nacional

Honduras atraviesa una época en la que resulta indispensable reflexionar sobre el futuro de nuestras instituciones, la formación moral de las nuevas generaciones, la protección de la vida humana y el lugar de los valores cristianos en nuestra sociedad.

La fe católica forma parte de la historia espiritual, cultural y social de numerosas familias hondureñas. Su contribución a la educación, la solidaridad, la asistencia a los necesitados y la formación de valores merece ser reconocida y respetada.

Sin embargo, la libertad religiosa y las convicciones morales de los ciudadanos pueden convertirse en motivo de controversia cuando determinadas corrientes políticas y sociales promueven cambios que entran en conflicto con las enseñanzas de la Iglesia. Ante esta realidad, consideramos necesario formular una advertencia pública, respetuosa, firme y fundamentada.

No se trata de declarar enemigos a quienes piensan diferente, ni de condenar indiscriminadamente a los partidos de izquierda, a las organizaciones feministas o a los defensores de determinadas reformas sociales. Se trata de examinar críticamente las propuestas y las actuaciones que puedan amenazar derechos fundamentales, restringir la libertad de conciencia o imponer una determinada visión moral mediante el poder político.

La democracia exige pluralismo; la libertad religiosa exige respeto; y la defensa de nuestras convicciones exige responsabilidad y valentía.

I. Las lecciones de la historia: cuando la ideología pretende someter la fe

La historia del siglo XX registra persecuciones religiosas perpetradas por determinados regímenes comunistas y gobiernos autoritarios. En diferentes países se cerraron instituciones religiosas, se confiscaron bienes eclesiásticos, se restringieron las actividades pastorales y se persiguió a personas por sus creencias. Estas experiencias constituyen advertencias sobre los peligros de cualquier sistema político que pretenda subordinar la conciencia individual a una doctrina oficial.

La preocupación no debe limitarse a una etiqueta ideológica. El autoritarismo puede presentarse bajo distintas banderas políticas. Por ello, los católicos hondureños debemos observar si los partidos y movimientos políticos respetan efectivamente:

• La libertad de religión y de culto.
• La libertad de expresión y de conciencia.
• La independencia de las instituciones religiosas en el ejercicio legítimo de su misión.
• El derecho de las familias a transmitir sus convicciones.
• La dignidad humana y los derechos fundamentales.
• La convivencia democrática y el respeto a quienes piensan diferente.

Ninguna organización política debe considerarse por encima de la ley ni pretender que todos los ciudadanos acepten sus postulados ideológicos.

II. Fundamento constitucional: los derechos que debemos conocer

La defensa de nuestras convicciones será más sólida si conocemos la Constitución de la República de Honduras y distinguimos lo que establece expresamente de las interpretaciones políticas, religiosas o jurídicas. Entre las disposiciones pertinentes se encuentran las siguientes:

1. Artículo 1: Honduras como Estado de derecho. La Constitución define a Honduras como una república libre, democrática e independiente, orientada a garantizar la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Este principio obliga a que el poder público actúe dentro del ordenamiento jurídico y respete los derechos de los habitantes.

2. Artículo 67: protección jurídica del que está por nacer. Este artículo establece una disposición constitucional sobre el no nacido, al que considera nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Su interpretación debe realizarse conjuntamente con el resto del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable. Desde la perspectiva de la doctrina católica, la dignidad de la vida humana desde la concepción constituye un principio moral fundamental. Por ello, los católicos tienen derecho a defender públicamente esta enseñanza y a promover políticas de protección de la vida.

3. Artículo 77: libertad religiosa. La Constitución garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos, sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Esta disposición protege la posibilidad de que los católicos y los integrantes de otras confesiones practiquen su religión sin persecución.

4. Artículo 151: educación nacional. Este artículo establece que la educación es una función esencial del Estado y dispone que la educación nacional será laica. Por consiguiente, la defensa de la libertad religiosa debe conciliarse con el carácter laico de la educación pública y con el respeto a los derechos de todos los estudiantes.

5. Artículo 152: derecho preferente de los padres. La Constitución reconoce a los padres el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de dar a sus hijos. Este derecho es relevante para el debate sobre la participación familiar en la formación moral y religiosa de los menores. Debe ejercerse de conformidad con las demás disposiciones constitucionales, las leyes educativas y los derechos fundamentales de la niñez.

La Constitución y sus reformas pueden consultarse en el portal oficial del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, en su sección de legislación.

III. El aborto en Honduras: un debate que compromete nuestra conciencia

Uno de los asuntos que más inquietud genera entre los católicos es la promoción de reformas destinadas a permitir el aborto en determinadas circunstancias o ampliar las posibilidades legales de interrumpir el embarazo. La Iglesia Católica sostiene que la vida humana debe ser respetada desde la concepción y rechaza el aborto provocado. Esta enseñanza fundamenta la posición de numerosos creyentes que consideran que el Estado debe proteger la vida prenatal y ofrecer alternativas concretas a las mujeres que enfrentan embarazos difíciles.

¿Qué establece actualmente la legislación hondureña?

El artículo 196 del Código Penal, contenido en el Decreto 130-2017, tipifica el aborto y establece penas para distintas conductas relacionadas con su realización. La legislación debe consultarse en su versión consolidada y considerando las reformas que se encuentren vigentes. El portal del Tribunal Superior de Cuentas ofrece el Código Penal y sus reformas para consulta pública.

En consecuencia, cualquier propuesta que pretenda modificar el régimen jurídico del aborto debe analizarse a partir del texto legal vigente, la Constitución, la jurisprudencia y el procedimiento legislativo correspondiente. No sería responsable afirmar que existe una nueva iniciativa concreta en trámite sin identificar su número, su texto y su estado parlamentario.

Nuestra posición ante el Congreso Nacional

Solicitamos respetuosamente a los diputados que:

1. Examinen con rigor constitucional cualquier propuesta de modificación de la legislación sobre el aborto.
2. Escuchen a la Iglesia Católica, a las organizaciones defensoras de la vida, a los profesionales de la salud y a los demás sectores de la sociedad.
3. Garanticen un debate público, transparente y fundamentado.
4. Consideren medidas de apoyo a las mujeres embarazadas que atraviesan situaciones de pobreza, abandono o violencia.
5. Fortalezcan los servicios de atención prenatal, la protección de la maternidad y la asistencia a las familias vulnerables.
6. Respeten los procedimientos democráticos y las garantías constitucionales.

La defensa de la vida debe expresarse no solamente en la oposición al aborto, sino también en el compromiso de acompañar a las madres, proteger a los niños y apoyar a las familias que necesitan ayuda. Defender la vida implica asumir responsabilidades concretas con la madre y con el hijo por nacer.

IV. Feminismo, igualdad de género y defensa de los valores familiares

Otro asunto que merece atención es el debate sobre las propuestas de determinadas organizaciones feministas y movimientos sociales relacionadas con el aborto, la educación sexual, la identidad de género y la incorporación de perspectivas de género en las políticas públicas.

Es importante hacer una distinción: el feminismo no constituye una corriente única, y no todas las organizaciones feministas defienden las mismas propuestas. Del mismo modo, no toda política orientada a la igualdad entre hombres y mujeres representa una amenaza para los valores cristianos.

La Iglesia Católica reconoce la dignidad de hombres y mujeres y reclama que se respete a todas las personas. La discusión se refiere a las propuestas específicas que pueden entrar en conflicto con determinadas enseñanzas doctrinales o con las convicciones de las familias.

Nuestra preocupación

Nos preocupa que, en el debate sobre la educación y las políticas públicas, se pretenda imponer una determinada concepción de la sexualidad, la identidad personal o la familia sin suficiente transparencia, participación familiar o discusión democrática. También nos preocupa que los padres sean excluidos de conversaciones relevantes sobre la formación moral de sus hijos. Estas inquietudes deben examinarse a partir de los contenidos concretos de los programas educativos y de las disposiciones legales aplicables, no de rumores o afirmaciones generales.

¿Qué proponemos?

• Primero. Transparencia. Que las autoridades educativas informen claramente a las familias sobre los contenidos de educación sexual y las materias relacionadas con el género.
• Segundo. Formación adecuada a la edad. Que los contenidos educativos se adapten al desarrollo de los niños y adolescentes, tengan fundamento científico y respeten su dignidad.
• Tercero. Participación familiar. Que los padres dispongan de mecanismos efectivos de información y participación, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
• Cuarto. Libertad de conciencia. Que ninguna familia sea discriminada por sus convicciones religiosas ni se obligue a los estudiantes a adoptar una creencia religiosa o filosófica determinada.
• Quinto. Protección de la niñez. Que se combatan el abuso sexual, el acoso, la violencia y la explotación, sin distinción alguna.
• Sexto. Igualdad ante la ley. Que se garantice la dignidad y la protección jurídica de todas las personas, sin que ello signifique impedir el debate respetuoso sobre las diferencias doctrinales. La educación pública hondureña tiene carácter laico. Por tanto, el diálogo debe respetar tanto las competencias del Estado como los derechos constitucionales de las familias.

No debemos confundir la igualdad jurídica entre hombres y mujeres con la obligación de aceptar todas las propuestas formuladas en nombre de la igualdad de género. Cada iniciativa debe evaluarse por su contenido, sus objetivos, sus consecuencias y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico.

V. Una advertencia a los partidos políticos y a los movimientos ideológicos

Los católicos hondureños tenemos derecho a expresar nuestras convicciones sobre la vida, la familia, la educación y la libertad religiosa. Tenemos también el derecho y la responsabilidad de evaluar las propuestas de quienes aspiran a ejercer el poder. Por ello, hacemos un llamado a los partidos políticos de todas las tendencias, particularmente a aquellos sectores que promuevan reformas que puedan entrar en conflicto con nuestras convicciones morales, para que expliquen públicamente sus posiciones.

Preguntamos

• ¿Qué proponen concretamente respecto de la legislación sobre el aborto?
• ¿Qué contenidos educativos pretenden incorporar y a qué edades?
• ¿Qué mecanismos garantizan la participación de los padres?
• ¿Cómo protegerán la libertad religiosa y de conciencia?
• ¿Cómo evitarán que las políticas públicas se conviertan en instrumentos de imposición ideológica?
• ¿Qué medidas adoptarán para proteger a las mujeres, a los niños y a las familias vulnerables?

No debemos condenar a una persona por su afiliación política ni atribuir a todos los partidos de izquierda una voluntad de perseguir a la Iglesia. Debemos, en cambio, exigir compromisos verificables y evaluar los actos de cada gobierno, partido y organización.

La verdadera amenaza no es una etiqueta política: es cualquier intento de imponer ideas mediante la coacción, restringir injustificadamente las libertades o perseguir a quienes piensan diferente.

A los católicos que actualmente son simpatizantes de partidos y movimientos de izquierda y a los que ocupan puestos en instituciones gubernamentales, tanto en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial: revisen sus propias convicciones y, de acuerdo con su conciencia, contrasten el programa oficial de esos partidos y movimientos con la Doctrina Social de la Iglesia Católica y, particularmente, tomen sus propias decisiones.

VI. El papel de la Iglesia Católica y de las familias

Ante estos desafíos, la Iglesia y las familias hondureñas tienen una responsabilidad especial. No basta con expresar preocupación. Es necesario fortalecer la formación religiosa, fomentar la participación ciudadana y promover una cultura de respeto a la vida y a la dignidad humana.

Proponemos

1. Promover espacios de formación sobre la doctrina social de la Iglesia y los principios de la fe católica.
2. Organizar encuentros de diálogo entre sacerdotes, padres de familia, educadores y profesionales.
3. Facilitar el acceso de las familias a información confiable sobre las iniciativas legislativas y educativas.
4. Presentar observaciones y propuestas a los diputados mediante los procedimientos legales.
5. Participar pacíficamente en audiencias públicas y otras instancias democráticas.
6. Apoyar programas de asistencia a mujeres embarazadas, madres solteras, niños y familias en situación de vulnerabilidad.
7. Promover la libertad religiosa y rechazar toda forma de discriminación, incluso cuando la víctima sostenga convicciones diferentes de las nuestras.

La defensa de la fe debe manifestarse en las obras, la conducta y la solidaridad con el prójimo.

VII. Propuesta de acción ciudadana

Para convertir este pronunciamiento en una iniciativa práctica, proponemos la siguiente agenda:

A. Solicitud de información legislativa. Solicitar al Congreso Nacional información pública sobre las iniciativas relacionadas con el aborto, la educación sexual, las políticas de género y los derechos de las familias. Cada iniciativa deberá identificarse por su título, número de expediente cuando corresponda, fecha de presentación, autores, contenido y estado del trámite.

B. Elaboración de un documento de posición. Preparar un documento de análisis que contenga:

• Las disposiciones legales vigentes.
• Las propuestas legislativas identificadas.
• Los argumentos morales y doctrinales de la Iglesia Católica.
• Las observaciones de especialistas en derecho, educación, salud y familia.
• Las recomendaciones dirigidas a los diputados.

C. Diálogo con las autoridades. Solicitar reuniones con los representantes del Congreso Nacional y las autoridades educativas para presentar las inquietudes de las familias y solicitar respuestas fundamentadas.

D. Participación pública. Organizar foros, conferencias y actividades de información ciudadana, procurando que los argumentos se sustenten en documentos verificables y que se respete la dignidad de todas las personas.

E. Seguimiento y rendición de cuentas. Establecer un mecanismo de seguimiento de las iniciativas legislativas y publicar informes periódicos sobre sus avances, modificaciones y resultados. Esta agenda permitirá pasar de la preocupación general a una participación ciudadana organizada, pacífica y fundamentada.

VIII. Llamamiento a los diputados del Congreso Nacional

A los honorables diputados del Congreso Nacional de Honduras les expresamos nuestro respeto institucional y les recordamos la trascendencia de las decisiones que adoptan en representación del pueblo hondureño. Les solicitamos que actúen con independencia, transparencia y responsabilidad ante cualquier propuesta que afecte asuntos de especial importancia moral, social y familiar.

Les pedimos que escuchen a la Iglesia Católica, a las organizaciones defensoras de la vida, a las familias, a los profesionales de la salud, a los educadores y a los demás sectores de la sociedad. Asimismo, les solicitamos que no permitan que presiones políticas o sociales sustituyan el análisis responsable de las iniciativas legislativas.

La democracia no consiste en imponer unilateralmente las convicciones de una minoría ni en conceder a determinados grupos el monopolio del debate público. Consiste en deliberar, escuchar, argumentar y adoptar decisiones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.

Los diputados tienen el deber de legislar para Honduras, respetando la pluralidad de su población y el marco constitucional de la República.

IX. Conclusión: una fe que debe defenderse con valentía y responsabilidad

La fe católica no debe convertirse en instrumento electoral de ningún partido político. Tampoco debe ser silenciada por quienes consideran que las convicciones religiosas no tienen lugar en el debate público.

Los católicos tenemos derecho a defender nuestras enseñanzas sobre la vida, la familia y la dignidad humana. Tenemos derecho a presentar argumentos, organizar actividades pacíficas, participar en las decisiones públicas y solicitar que nuestras convicciones sean escuchadas. Ese derecho debe ejercerse con respeto a la libertad de los demás y sin recurrir a la desinformación, la intimidación o las acusaciones infundadas.

Honduras necesita una sociedad en la que las diferencias ideológicas no se conviertan en persecución, donde los padres puedan participar responsablemente en la formación de sus hijos y donde las instituciones públicas actúen conforme a la ley. Defendamos nuestros valores cristianos mediante el testimonio, la formación, la solidaridad y la participación ciudadana.

No nos dejemos llevar por el miedo, pero tampoco renunciemos a la vigilancia democrática. No condenemos a las personas por sus ideas, pero examinemos con rigor las propuestas que puedan afectar derechos fundamentales. No convirtamos nuestras diferencias en odio, sino en una oportunidad para demostrar que es posible defender convicciones firmes con respeto y responsabilidad.

Advertencia final a los católicos de Honduras

¡Permanezcamos vigilantes, informados y unidos en la defensa de nuestra fe, de la vida humana, de la libertad religiosa y de la formación integral de nuestros hijos!

Exijamos transparencia a nuestros representantes. Participemos en los debates legislativos. Defendamos pacíficamente nuestras convicciones. Acompañemos a las madres y a las familias vulnerables. Rechacemos el autoritarismo y toda forma de persecución religiosa, venga de donde venga. Que nuestra conducta refleje los valores que proclamamos y que nuestra participación pública contribuya a una Honduras más justa, solidaria y respetuosa de los derechos fundamentales.

Por la fe católica, por la defensa de la vida, por la familia, por la libertad de conciencia y por una Honduras en la que todos podamos vivir en paz y con dignidad.

Fuentes oficiales para consulta y verificación

1. Constitución de la República de Honduras: consultar el texto constitucional y las reformas publicadas en el portal del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.
2. Código Penal de Honduras, Decreto 130-2017: consultar el texto y sus reformas en la biblioteca legislativa del Tribunal Superior de Cuentas.
3. Secretaría de Educación de Honduras: consultar la legislación educativa, los reglamentos, los acuerdos y los documentos oficiales que regulan los programas educativos.
4. Congreso Nacional de Honduras: antes de publicar una denuncia sobre una iniciativa específica, verificar su existencia, su texto oficial y su estado legislativo en los registros parlamentarios.

Nota: Se agradece de antemano que algunos de mis parientes y/o amigos hagan entrega de una copia de este documento a la Conferencia Episcopal de Honduras, al Presidente del Congreso Nacional de Honduras y al Secretario de Estado en el Despacho de Educación. Gracias.